En 1997, LL.PP. presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), frente a la censura de que fue objeto en Chile la película “La Última Tentación de Cristo”.

En septiembre de 2001, en lo que fue la primera condena de la CIDH al Estado de Chile, determinó que había existido una violación a la libertad de pensamiento y de expresión y le ordenó “modificar su ordenamiento jurídico interno, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película”. En sus considerandos, la CIDH expresó que “la libertad de expresión, como piedra angular de una sociedad democrática, es una condición esencial para que ésta esté suficientemente informada”.

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió la demanda presentada en el caso Atala Riffo y Niñas v. Chile. El caso se originó debido a que la Corte Suprema de Chile le negó el cuidado personal de sus hijas a la jueza Karen Atala, en consideración a su orientación sexual. La sentencia declaró internacionalmente responsable al Estado de Chile por haber vulnerado, entre otros (i) el derecho a la igualdad y a la no discriminación; (ii) el derecho a la vida privada; (iii) el derecho a la honra y a la dignidad.

La sentencia, entre otras cosas, ordenó al Estado de Chile a desarrollar programas y acciones de capacitación dirigidos a funcionarios púbicos y, especialmente, a funcionarios judiciales, en materia de (i) derechos humanos, orientación sexual y no discriminación; (ii) protección de los derechos de la comunidad LGBTI, y (iii) superación de estereotipos de género en contra de la población LGTBI.

En el caso, participaron miembros de LL.PP., en conjunto con otras asociaciones.

En 2015 y 2016, junto a otras asociaciones, LL.PP. participó en la tramitación y lideró la estrategia judicial de un recurso de protección en contra de las Municipalidades de Las Condes y lo Barnechea, por la implementación de globos con cámaras de televigilancia sin mecanismos adecuados de protección de la privacidad. Ponderando los diversos intereses en juego y acogiendo parcialmente el recurso, la Corte Suprema ordenó:

(i) Que las grabaciones se limitaran a lugares públicos y a espacios privados abiertos cuando se trate del seguimiento de un hecho que pueda constituir la comisión de un ilícito.
(ii) Que un inspector o delegado municipal certifique, al menos una vez al mes, que no se hayan captado imágenes desde espacio de naturaleza privada (como viviendas, patios o jardines).
(iii) Que se destruyan las grabaciones por parte del responsable de su custodia luego de 30 días, salvo si en la grabación se hubiesen captado delitos o faltas.
(iv) Que todo ciudadano tendrá derecho a acceder a las grabaciones, debiendo establecerse el procedimiento que permita el ejercicio efectivo de tal derecho.

En el 2018, distintos miembros de LL.PP. impulsaron y lideraron la implementación de cuotas de representación a favor de mujeres, al interior del Colegio de Abogados de Chile. La iniciativa, finalmente se adoptó en enero de 2019.

En el 2022, el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, mediante fallo unánime, acogió en todos sus puntos un requerimiento que contó con la participación de abogados de LL.PP. y que fue ingresado en contra del Consejo del Colegio de Abogados, por infringir la regla de paridad de género tras las elecciones de diciembre de 2021. La sentencia, -destacada por el Poder Judicial en el año 2022 en materia de incorporación de la perspectiva de género en el razonamiento judicial-, dio cuenta de que la violación a la regla de paridad “perpetúa la desigualdad entre hombres y mujeres que se buscaba eliminar o al menos mitigar en el periodo de vigencia de las personas integrantes del órgano de dirección a partir de diciembre de 2021 -y por 4 años-, sin que exista la posibilidad de enmendar el desequilibrio en pro de la participación femenina (…)”.

Como consecuencia, la sentencia determinó dejar sin efecto la proclamación como Consejero de uno de los candidatos hombres y su reemplazo por una mujer de la misma lista.

En el 2020, abogados de LL.PP. comenzaron la representación de 22 víctimas de trauma ocular, como consecuencia de disparos efectuados con escopetas antidisturbios y carabinas lanza gases por funcionarios de Carabineros, en contravención a las reglas que regulan el uso de la fuerza, durante el denominado estallido social. Aquello derivó en la presentación de demandas de responsabilidad del Estado por falta de servicio ante distintos tribunales del país.

Todos esos casos se encuentran en actual tramitación, pero ya se han obtenidos sentencias favorables tanto ante Juzgados de Letras, como ante Cortes de Apelaciones. De hecho, en mayo de 2025, en los autos caratulados “Flores con Fisco de Chile”, rol 686-2023, la Corte de Apelaciones de Rancagua condenó al Fisco a pagar la suma de $90.000.000 por los daños ocasionado a la víctima, como consecuencia del uso negligente de la escopeta antidisturbios.