En 1997, LL.PP. presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), frente a la censura de que fue objeto en Chile la película “La Última Tentación de Cristo”.
En septiembre de 2001, en lo que fue la primera condena de la CIDH al Estado de Chile, determinó que había existido una violación a la libertad de pensamiento y de expresión y le ordenó “modificar su ordenamiento jurídico interno, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película”. En sus considerandos, la CIDH expresó que “la libertad de expresión, como piedra angular de una sociedad democrática, es una condición esencial para que ésta esté suficientemente informada”.
