En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió la demanda presentada en el caso Atala Riffo y Niñas v. Chile. El caso se originó debido a que la Corte Suprema de Chile le negó el cuidado personal de sus hijas a la jueza Karen Atala, en consideración a su orientación sexual. La sentencia declaró internacionalmente responsable al Estado de Chile por haber vulnerado, entre otros (i) el derecho a la igualdad y a la no discriminación; (ii) el derecho a la vida privada; (iii) el derecho a la honra y a la dignidad.
La sentencia, entre otras cosas, ordenó al Estado de Chile a desarrollar programas y acciones de capacitación dirigidos a funcionarios púbicos y, especialmente, a funcionarios judiciales, en materia de (i) derechos humanos, orientación sexual y no discriminación; (ii) protección de los derechos de la comunidad LGBTI, y (iii) superación de estereotipos de género en contra de la población LGTBI.
En el caso, participaron miembros de LL.PP., en conjunto con otras asociaciones.
